El Consejo Nacional de Educación Superior es una entidad autónoma, de derecho público, con personería jurídica. Su sigla es CONESUP y su función es ser el organismo planificador, regulador y coordinador del Sistema Nacional de Educación Superior de la República del Ecuador.

La entidad tiene como domicilio la ciudad de Quito.

Sus servicios son la legalización de firmas de documentos universitarios, que es un requisito solicitado en instituciones internacionales, lo cual es necesario para personas que viajan a exterior. Certificaciones de títulos, necesario para ejercer la profesión, ingresar al Colegio profesional y legalizaciones para viajes fuera del país, esto se aplica para títulos de técnico superior, tercero y cuarto nivel sea de profesionales ecuatorianos o extranjeros. Además emitirá un informe para proyectos de universidades, al Congreso Nacional quien expedirá la ley de creación de dicha universidad.

Que, mediante el Mandato Constituyente No. 001, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 223, del 29 de noviembre 2007, la Asamblea Constituyente en ejercicio de sus plenos poderes asumió las competencias del Poder Legislativo;

Que, las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna;

Que, la Constitución Política de la República en su artículo 76, dispone que las universidades y escuelas politécnicas deben ser creadas por el Congreso Nacional mediante ley y previo informe favorable y obligatorio del Consejo Nacional de Educación Superior;

MANDATO CONSTITUYENTE No. 14

DEROGATORIO DE LA LEY No. 130 DE CREACION

DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE

COLOMBIA DEL ECUADOR, REFORMATORIO DE

LA LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR

LOES Y DE REGULARIZACION DE LA

EDUCACION SUPERIOR

Universidades rechazan el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Conea).

El organismo hizo un análisis sobre el desempeño institucional de los establecimientos de educación superior que fue presentado a la Asamblea el martes pasado.

Entre otros puntos recomendó la eliminación de 26 universidades calificadas en categoría E y colocó al resto en cuatro categorías más: A, B, C y D dependiendo de su desempeño.

Fernando Villavicencio, presidente del Conea, en su presentación en la Asamblea, recomendó una depuración y mejoramiento del sistema de educación superior, principalmente en aquellos que no cumplen con estándares de calidad.

El Conea evaluó bajo cuatro criterios: academia (incluye planta docente, nivel académico, dedicación y vinculación con la comunidad); estudiantes y entorno de aprendizaje (permanencia del alumno, titulación y soporte académico ofrecido); investigación y gestión interna (seguimiento a egresados; manejo de presupuesto e infraestructura).

Los centros educativos colocados en la categoría E reaccionaron indignados.

El funcionamiento de institutos de educación superior tiene que subordinarse a la comprobación de planes de estudio sólidos y de las condiciones de laboratorios, bibliotecas y otros servicios básicos, pero sobre todo a la idoneidad de los docentes, el personal directivo y de administración.

La laxitud del sistema legal, que ha permitido la proliferación de ofertas universitarias exige, como una garantía de los niveles mínimos de calidad de la enseñanza superior, adoptar el sistema de acreditación creado por la legislación vigente, pero que nadie parece interesado en aplicarla.

Utilizada con rigor técnico e independencia, un sistema nacional de acreditación puede servir, además, como instrumento para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria, de tan dispares resultados en el país.