El rector de la Universidad Metropolitana, Carlos Espinoza, rechazó el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador (CONEA), que recomienda el cierre de 26 centros de estudios superior.
A decir de Espinoza, dicho informe es inconstitucional ya que no respeta la transitoria vigésima de la Constitución vigente, que da cinco años de plazo para que las universidades y sus carreras se acrediten.
En ese sentido, explicó que la Universidad Metropolitana y otras instituciones educativas suscribieron un convenio con el CONEA para realizar las respectivas acreditaciones y evaluaciones.
Añadió que el centro de estudios que preside cumplió y entregó el proyecto de desarrollo institucional acorde al convenio suscrito, por lo tanto el CONEA ha incumplido el proceso castigando a las universidades jóvenes en el informe.
Recordó que dicha universidad tiene nueve años de creación, lo cual es punto inicial de partida para que el sistema y variable de evaluación que adoptó el CONEA haya sido totalmente distinto al adoptado junto con universidades de 20, 40 e incluso 100 años de vigencia.
La Universidad Metropolitana consciente del trabajo realizado en sus nueve años de creación marca dentro del análisis una curva ascendente que supera incluso a Instituciones que dentro del informe del CONEA están en otra categoría, destacó.
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Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), las 26 universidades que podrían ser eliminadas por su baja calidad fueron creadas en los últimos 12 años, por lo que la responsabilidad de su funcionamiento recae sobre el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), advirtió Milton Luna, coordinador del Contrato Social por la Educación.El experto explicó que para crear una universidad es necesario un informe favorable del Conesup, calificando la infraestructura y pensum académico de la nueva institución, para luego ser aprobada por el entonces Congreso Nacional. De ahí que, “los partidos políticos incidieron en el deterioro de la educación superior”, dijo Luna a la vez que exhortó a las universidades a tener una visión autocrítica de su gestión.
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Universidad Católica de Guayaquil, calificada con C, planteó un pedido extraordinario de revisión de lo actuado por el Conea.
La entidad señala actos de Villavicencio y del Conea que no estarían sustentados legalmente, al elaborar y presentar el informe, por lo que pide se lo deje sin efecto jurídico.
Las dos instituciones se reservan el derecho de acudir al campo penal por el daño moral causado por el informe.
La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) presentó formalmente una impugnación e inconformidad tanto con el proceso como con el resultado de la evaluación efectuada por el Conea.
En el primer aspecto, sus directivos hacen 13 observaciones. Entre ellas, que no se consideró la “edad” de las instituciones. Cita que el promedio de las de categoría A es de 47 años, mientras las de E, de 9. “Se puede notar que ha tenido una incidencia directa en el resultado final”, dice el recurso.
Según la UTEG, de no ser por esos 13 “errores” cometidos por el Conea, la institución habría estado ubicada en la categoría B y no en la E.
A ello agrega que, a diferencia del Conea, el informe definitivo del Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) asigna una mejor calificación a la UTEG, “a pesar de que el 80% de los indicadores considerados es similar”.
Los recursos legales presentados son distintos, pero sus contenidos y objetivos, similares: un pedido de revisión y una impugnación cuestionan la validez del informe presentado el 10 de noviembre pasado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea) sobre el desempeño de las instituciones de educación superior del país.
En el referido estudio, el Conea no solo expuso la situación de las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores, basado en determinados indicadores y parámetros; sino que con esos datos, calificó y dividió a las universidades en cinco grupos (A, B, C, D y E). Y recomendó la “depuración” de las 26 instituciones que ubicó en la última de las categorías.
En respuesta, diversas universidades y especialmente las situadas en el último grupo, han expresado su rechazo al informe y a la calificación.
Según el informe del Conea, 26 universidades del país no presentan las condiciones para brindar una educación superior de calidad.
Un informe del Conesup señaló que 33 universidades no cumplen los requisitos. De ellas, 24 coinciden con las del informe del Conea.
La constitución aprobada en 2008 da un plazo de cinco años para que las universidades acrediten su calidad educativa.
Ese plazo vence en 2013. Hasta el momento, 11 de las 71 universidades del país han sido acreditadas, según la web del Conea.
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Varias universidades del país ubicadas en la categoría E en el informe emitido por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) han visto mermado el ingreso de estudiantes a las carreras que ofrecen y, en algunos casos, los universitarios prefirieron dejar sus estudios y buscar otros centros de educación.
Esto sucedió a pesar de que la Comisión de Educación de la Asamblea decidió desestimar el cierre de las universidades con bajas calificaciones en el segundo informe de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), y dio un plazo de 18 meses para un nuevo proceso evaluativo.
Esa situación es reconocida por la canciller de la universidad del Pacífico, Sonia Roca, quien señala que “si bien no hubo salida de estudiantes en los campus de Cuenca y Guayaquil, unos 40 alumnos que recién iniciaron las carreras en Quito las abandonaron”, tras la emisión del informe.
Gustavo Vega, presidente del Conesup, dijo que han resuelto ser cautos ante lo dispuesto por el Conea, previo al análisis de las circunstancias.
El informe del Conesup trabajó con 60 indicadores en el campo académico y 17 indicadores en el marco jurídico.
una comisión estudia a fondo el informe del Conea, para opinar en ocho días más, dijo Vega.
Mientras tanto, el proceso de acreditación continúa detenido. Unas 48 universidades esperan ser acreditadas
Para esta reunión, nombraron sus delegados, quienes han mantenido sesiones de trabajo a fin de preparar la agenda que desarrollarán el 29 de abril próximo.
El Consejo Nacional de Eduación Superior (Conesup) emitió, hace poco, su informe final sobre la calidad de 71 instituciones de educación superior del país.
El informe surge tras el mandato 14 de la Constitución, que dictaminó que el Conesup y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea) realicen presenten sendos informes del estado de las universidades ecuatorianas.
El Conea remitió el suyo el 10 de noviembre y evaluó un total de 68 universidades y dos institutos de posgrados. El informe determina cinco categorías de calidad: la primera (la A) reúne a las 10 mejores universidades y la última (la E) identifica 26 instituciones que, según el Conea, deberían ser depuradas por su mala calidad.
Organismos máximos de control y evaluación del sistema de educación superior tendrán una reunión para analizar los informes que presentaron sobre la situación de las universidades y escuelas politécnicas.
El Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) invitó a una sesión de trabajo al presidente y miembros del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), para intercambiar criterios sobre los modelos que utilizaron para cumplir con el Mandato Constituyente 14, que les ordenó elaborar los informes.
También para conocer sobre la metodología, conclusiones y recomendaciones del informe técnico del Conea, que evaluó el “nivel de desempeño institucional de los establecimientos de educación superior”.
Según el Conesup, así podrá pronunciarse sobre el informe del Conea, “en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de este Mandato”.